¿Racismo en la Bogotá diversa?

Ese día a media mañana, dos cóndores y otras aves pequeñas revoleteaban audaces las cumbres del Resguardo Guachicono, municipio La Vega (Cauca, Colombia). Un ambiente expectante e inusual de domingo envolvía al pueblo: se oía música popular a muy bajo volumen, las casas y tiendas estaban llenas de gente enternecida resguardándose de gente extraña armada que merodeaba las calles. Por la salida suroeste del caserío un carro transportaba el cuerpo de un líder indígena asesinado de tres balazos. Al féretro lo abrazaban dos niñas de seis y siete años, consoladas por su madre; bañadas en llanto las niñas no comprendían el cruel suceso que las dejara huérfanas y huyendo de su territorio, hace quince años. Esta familia yanacona víctima del conflicto armado en Colombia es una de las 450 familias indígenas asentadas hoy en el Parque Nacional de Bogotá, manifestándose pacíficamente frente a la vulneración de sus derechos y la revictimización que padecen mayoría de las comunidades, enfrentándose una sociedad y a una institucionalidad hostiles a su situación y a sus súplicas, como lo manifiestan líderes y autoridades indígenas de la protesta.

La Minga Permanente de resistencia en Bakatá[1] revela una coyuntura histórica y sistemática de vulneración de derechos, revictimización y racismo hacia estas comunidades indígenas

Noviembre es época de invierno en Bogotá, ciudad capital de Colombia; el clima glacial engarrota las manos y los rostros, y sobre todo arruga el corazón del observador sensible a la realidad dramática que atraviesan estas comunidades asentadas en el Parque Nacional Olaya Herrera de Bogotá desde finales de septiembre pasado. Al entrar por la Avenida Séptima con esquina de la calle 35 se encuentra un camino que en forma de cuneta conduce al resto del Parque y los Cerros Orientales. El canal está anegado por las fuertes lluvias y barroso porque los niños indígenas chapotean y juegan pelota entre el charco, otros, evocando sus formas de vida territoriales, emulan pescar sosteniendo un palo al aire y un anzuelo simbólico cayendo al agua para recoger su alimento.

Los niños embera y de otros pueblos indígenas son ahora ‘nuevos’ habitantes del lugar, sus padres y familiares, unos 1400 indígenas de diferentes pueblos y procedencia territorial pernoctan allí desde hace unos dos meses en condiciones precarias, aunque se sienten medianamente conformes, pues al menos pueden dormir bajo techo y acceder a una alimentación diaria que los promotores de la manifestación gestionan para todos.

Mayoría de los hoy habitantes del Parque Nacional bogotano son desplazados de la violencia padecida a raíz del conflicto armado interno desarrollado en el país colombiano durante más de medio siglo, y que asociado a dinámicas económicas como la explotación minera energética o de recursos forestales y naturales, prácticas ilegales de narcotráfico y otras expresiones geopolíticas del desarrollo como la agroindustria y las hidroeléctricas ha causado masacres, asesinatos, desapariciones y dejado millones de víctimas y comunidades enteras desplazadas de sus territorios. Algunos han tenido que dormir y mendigar en las calles capitalinas, sobre todo los miembros de las comunidades Dovida, Katío y Chamí del Pueblo Embera, atrapados históricamente en casi todas estas dinámicas generadoras de violencia, y cuya situación humanitaria y condición de víctimas no ha sido resuelta por el Estado colombiano.

¿Cuál es la situación de las comunidades indígenas en el Parque Nacional?

La situación lamentable en que viven estas comunidades, unas 450 familias, pareciera indiferente e irrelevante para una institucionalidad sorda a sus reclamos, según los líderes que, después de sesenta días lideran la Protesta pacífica Minga Permanente frente a la Administración Distrital de Bogotá, con la que han tenido que medirse, bien medido, el pulso, en ejercicio de resistencia, aunque desventajoso para los indígenas en términos mediáticos, de recursos y condiciones: ellos han llegado al Parque con sólo un talego de corotos y una muda de ropa, “eso sí bien puesta” (bromean), mientras la Alcaldía de Bogotá y sus entidades, en ruedas de prensa e informes dicen destinar miles de millones de pesos, sumas cuantiosas, para garantizarle la atención a esta población. La respuesta institucional de Bogotá es que no reconoce este proceso como ejercicio legítimo de autoridad, pero que como gobierno está dispuesto al diálogo y garantizara la atención humanitaria. ¿Será qué alguien en condiciones dignas y holgadas se sometería a dormir entre el barro y arriesgándose a que le manden el ESMAD[2] y lo saquen a puros garrotazos, como es costumbre del gobierno hacerlo cuando se le exigen garantías de derechos? Se preguntan autoridades y líderes de la manifestación, en sus reuniones autónomas.

Las autoridades indígenas señalan que las entidades gubernamentales responsables no han tomado cartas en el asunto para resolver la grave situación humanitaria de estas comunidades, ahondando más la fragilidad social y el riesgo de extinción cultural que atraviesan estos pueblos por la sistemática violación a sus derechos fundamentales colectivos, y pone en riesgo, así, su pervivencia, una situación con causas y antecedentes históricas que, en este reportaje, Z- Dok trata de desentrañar.

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La humareda de la leña con que Filomena[3] cocina en el punto de encuentro de la Minga Permanente de resistencia en Bakatá se mezcla con la neblina que envuelve el Parque Nacional y sube en dirección hacia los cerros orientales del Distrito Capital; este ambiente le traen a ella el olor, el clima y la memoria de su tierra en el Macizo colombiano, allí donde “era muy bonito vivir del campo, donde al levantarse, uno, sentía el olor a humedad y el frío intenso con el sonido arrullador del monte, y luego venía para abrigarnos el sol con el cálido amanecer… el humo del fogón de leña nos hacía llorar, como ahora… eran otros tiempos, recuerdo el coro natural de las aves y animales del campo, la música campesina indígena andina que endulzaba el oído y alegraba la vida, en mi memoria permanece viva la voz de nuestros mayores enseñándonos a cuidar y amar esa tierra bendita, esa terruño al que, hoy, es casi imposible volver…, pues el recuerdo también mata las esperanzas de volver ¿no cree?, yo no tendría fuerzas para ver destruido y abandonado lo que fue mi hogar, lo que construyeron con mucho esfuerzo y amor durante generaciones enteras nuestros viejos…” así evoca honda y poéticamente la vida en su tierra esta noble mujer del pueblo Yanacona, mientras suspira hondo, y en silencio dirige su mirada al espacio cordillerano, como si estas cumbres le conectaran con su terruño amado.

Su testimonio es poesía del corazón y las entrañas de su territorio y su vida rural: nada comparable a la situación que le ha tocado vivir en Bogotá, pues salvo en la forma en que ella prepara los alimentos al fogón un día más de protesta pacífica, el cocido de calabazas y el clima frío parecido, no vendría al caso hacer un paralelo entre la vida citadina y el ambiente de su territorio rural en Guachicono. Bogotá, una ciudad ubicada en el altiplano central de la Cordillera andina, está habitada por unos ocho millones de habitantes de una enorme diversidad poblacional y cultural, que es apenas proporcional al tamaño de su riqueza, sus problemáticas y su corrupción administrativa como ciudad, sus disputas políticas, sus aires cosmopolitas y su caótica infraestructura de vivienda y de movilidad.

Pero hace quince años la capital colombiana no estaba siquiera en la mente de Filomena y su familia: sus hijas, hijos y allegados cercanos: hermanos, primos, vecinos. En ese tiempo las condiciones de vida rurales si bien se veían enturbiadas y amenazadas por la guerra, eran prodigiosas. Abundaba la comida, la agricultura era variadísima y nutritiva. Y en estas mañanas frías de noviembre en Bogotá a Filomena se le hace agua la boca rememorar de su chagra los cultivos con que se hacían sancochos y sopas nutridas de verduras con sabor de gallina y las hierbas del campo que le condimentaban, los freídos de cerdo, de cuy y de curíes; los sudados de ullucos, papa, mazorca… ; al arroz en leche se le agregaba calabaza, canela y harina de maíz tostado, recetas tradicionales que ella aprendió de su madre y de sus abuelas en cocinas familiares o mingas comunitarias donde se compartía el alimento.

El Macizo es una cadena montañosa cuya temperatura oscila entre 2600 y 4700 msnm (muy parecido al clima de Bogotá en su clima más bajo hasta el punto más frío en el páramo Sumapaz), pero el nudo de Almaguer, la estrella hídrica de Colombia como se le conoce por su abundante linfa, está constituido por una vasta extensión forestal y de páramo, gran variedad de cerros, el volcán apagado de Sotará, el nevado Sucubún, destacándose muy cerca del resguardo Guachicono el cerro el Narigón, el cerro Pelado y el valle entre serranía del río Cajibío de una extensión aproximada de veinte mil kilómetros de largo y cinco de ancho, como los valles bakatenses del río Funza, Teusacá y Tunjuelo, entre otros.

Ese prodigioso terruño fue el cálido hogar que abandonaron Filomena y su familia un domingo, hace quince años, cuando la guerra se ensañó contra esta humilde comunidad indígena yanacona, y cuando la violencia enturbió aquel entrañable ambiente agrario y territorio andino, que si bien con el Acuerdo de Paz entre la ex guerrilla de las FARC- EP y el gobierno colombiano, en el año 2016, se logró una relativa calma, hoy nuevamente los aires belicistas y el retorno de otros actores armados al territorio, desvanecen por completo la esperanza de esta familia de retornar a su territorio ancestral.

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¿Qué comunidades indígenas se encuentran asentadas en el Parque Nacional?

Inicialmente, el 29 de septiembre (de 2021) unos seiscientos indígenas aproximados, de unos catorce pueblos asentados en Bogotá acamparon en el Parque Nacional Olaya Herrera, declarándose en Minga Permanente: una práctica cultural que los pueblos andinos han desarrollado como escenario para recrear sus manifestaciones artísticas y rituales, realizar actividades agrícolas o como, en este caso, un ejercicio de protesta pacífica y de reivindicación étnica frente a la vulneración sistemática de sus derechos, la discriminación racial y el incumplimiento de la mayoría de acuerdos pactados en las políticas públicas por parte del gobierno nacional, especialmente por parte de la actual Administración de Bogotá, según autoridades y líderes de este proceso llamado: Autoridades indígenas en Bakatá.

Dos meses después de pernoctar por primera vez en el Parque Nacional 450 familias indígenas, 1400 personas aproximadamente, permanecen allí remando no sólo a contracorriente del invierno que se desarrolla en la capital colombiana por estos días, sino tratando de franquear las barreras de racismo e indiferencia social e institucional con que son tratados por su condición étnica y por adelantar este ejercicio de reivindicación histórica, así lo manifiestan líderes como María Violet Medina Quiscue del pueblo Nasa, Jairo Vargas del pueblo Huitoto del Caquetá u otras familias del pueblo embera, que en su mayor población y dramática situación humanitaria ha llevado la peor parte del drama escalofriante y del clima capitalino, observándose (en el trabajo periodístico de campo) la tristeza y desnutrición de sus niños que deambulan en harapos al frío y la lluvia, mujeres embarazadas pidiendo comida, y los abuelos pidiendo también un pan y que se cuente su historia para que la sociedad y la Institucionalidad Distrital se conmueva ante su penosa realidad, o como otra familia del pueblo Cubeo de Carurú (Vaupés) que desde el año 2005 salió desplazada de su territorio como consecuencia de la guerra y aún no ha sido reparada como víctima, o la familia del pueblo Yanacona que desde hace quince años sobrevive a la ciudad, pidiendo justicia, verdad, reparación y comprensión ante la frialdad e indolencia de una sociedad bogotana que, al sentir de la Minga Bakatá, sigue siendo clasista y discriminatoria, y sobre todo ante la inoperancia y desatención de la Administración Distrital actual de Bogotá.

Los pueblos con representación, asentados hoy en el Parque Nacional de Bogotá son: embera Dovida, Katío y Chamí provenientes del Chocó, principalmente; Nasa Sat We’sx, Coconuco y Yanacona del Cauca y Huila; Wayuu, Zenú y Pastos, algunas familias muiscas y, entre otros, los pueblos Coreguaje, Cubeo y Uitoto Monifue Uruk+ de la Amazonía habitantes en Bogotá, algunos como la comunidad de Jairo, desde hace unos 22 años sin ser reparados integralmente como víctimas.

Unos y otros resisten admirablemente, hacinados en cambuches de plástico y condiciones precarias, pero gracias al liderazgo organizativo ven en esta manifestación de Minga Permanente la posibilidad de reivindicar sus derechos vulnerados durante muchos años, aunque eso les valga señalamientos, amenazas de desalojo policivo y estigmatizaciones por parte de algunos funcionarios de la Alcaldía Distrital; para las autoridades y líderes que lideran este proceso esto es una revictimización de sus derechos fundamentales y colectivos, entre ellos el derecho a la protesta pacífica.

El mayor rife rafe al respecto se dio entre las autoridades y líderes del proceso Autoridades Indígenas en Bakatá y la Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos (de la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá) que en cabeza de Daniel Camacho (subsecretario de Gobierno) “denunciará”, el pasado 18 de noviembre, entre otras ‘anomalías’ un supuesto carrusel de contratación orquestado por líderes indígenas y el uso político de los niños por parte de los voceros políticos de la Minga, señalando con nombre propio a algunos dirigentes indígenas de ser oportunistas y condicionar los acuerdos a un tema de contratación y de destinación de recursos a cuatro ollas comunitarias para atender las familias asentadas en el Parque Nacional, según el funcionario.

Al respecto aclaran los voceros de autoridades indígenas en Bakatá: lo del presupuesto solicitado para las ollas comunitarias y la eventual contratación de un equipo técnico de cinco personas por un mes fue una propuesta solicitada por la misma Secretaría de Gobierno Distrital e hizo parte de los acuerdos generados en una de las reuniones entre las dos partes (así consta en las actas revisadas), y que está fue una celada puesta por la entidad distrital en la que, ellos y ellas, cayeron incautamente, pues “hábil” y abusivamente el funcionario Daniel Camacho uso el documento de propuesta a concertar para salir a ‘lapidarlos’ en los medios informáticos, y así evadir responsabilidad de atender las justas e históricas reclamaciones de los catorce pueblos indígenas en Minga Permanente.

Para las autoridades y líderes indígenas de Bakatá, este pronunciamiento mediático fue el punto de quiebre de la confianza y el diálogo construidos entre las partes mediante cinco espacios de reunión denominados Mesa Técnica de diálogo, instalada el 23 de octubre (aunque la Secretaría de Gobierno de Bogotá señala que este espacio no fue establecida por su entidad sino por entidades del Ministerio Público: Procuraduría, Personería distrital y Defensoría del Pueblo), en cabeza del funcionario Daniel Camacho, y en los cuales se construyó una agenda con cuatro puntos a concertar: 1) reasentamiento de la población indígena acampada en el Parque; 2) implementación de 62 acciones afirmativas del actual Plan de Desarrollo Distrital, Art. 66[4], aplicando el enfoque diferencial étnico; 3) implementación de la jurisprudencia a favor del pueblo Embera, partiendo de la Sentencia T-025 de 2004, el Auto 004 de 2009 y una serie de Autos de seguimiento y sentencias derivadas de la grave crisis humanitaria de este pueblo que han emitido altos tribunales como la Corte Constitucional colombiana para garantizar la pervivencia cultural de este pueblo y otras poblaciones étnicas abocadas al exterminio cultural como consecuencia del conflicto armado interno y sus dinámicas económicas asociadas; y 4) reubicación y retorno para los indígenas desplazados y víctimas de la violencia en Colombia.

Además, señalan los voceros de la Minga Permanente en Bakatá que las declaraciones del funcionario en mención han desencadenado una serie de amenazas, injurias y estigmatizaciones en su contra, que han puesto en riesgo su vida e integridad como autoridades, líderes y ciudadanos, siendo María Violet Medina Quiscue, lideresa nasa la más afectada; según su testimonio a raíz de los señalamientos de Daniel Camacho, Subsecretario de gobierno, ella ha recibido amenazas graves contra su vida, y sobre su pequeño hijo de sólo dos años, al que tuvo que proteger enviándolo a un territorio fuera de Bogotá, y privándole de su compañía y amor mutuo entre madre e hijo.

Y sin embargo, ella sigue liderando el proceso con persistencia tenaz y fortaleza de roble, demostrando una habilidad sorprendente para autogestionar el sustento de la Minga, resolver simultáneamente, con los líderes y autoridades promotores de la Minga, tensiones y situaciones de apremio, como la comida diaria, medicinas, abrigos y útiles de aseo para las comunidades asentadas en el Parque, haciendo gestión humanitaria e incidencia política para avanzar en las reivindicaciones propuestas, atendiendo a la prensa y visitantes asiduos, atendiendo reuniones internas autónomas o reuniones de carácter político, zanjando problemáticas cotidianas de convivencia entre comunidades, mediando diferencias internas entre pueblos, animando a la gente para distorsionar el miedo ante la constante amenaza de desalojo a través de la fuerza policiva, toda vez que desde la Administración Distrital se entiende la permanencia de las comunidades indígenas en este lugar del Parque como una ocupación ilegal del espacio público, y ha ofrecido a los manifestantes otros espacios temporales de ubicación, pero que según los voceros de la Minga no cumplen condiciones dignas de habitabilidad, y son lugares retirados como el Parque La Florida o un antiguo matadero de reses en deterioro, donde la Administración de Bogotá se desharía de las comunidades indígenas y éstas quedarían invisibilizadas y desamparadas.

Memoria, logros y Palabra de la Minga Permanente Bakatá

Las familias que entonces, hace quince y más años, habitaban el resguardo Guachicono, La Vega, los territorios yanaconas y casi todo el Macizo colombiano de Almaguer vivían de la exuberancia agrícola, agropecuaria. Pero también asistían al acecho del conflicto armado, expresado en presencia y “control social” que hacían los grupos armados: la guerrilla: FARC- EP y el ELN [5], sumado a la presencia del ejército estatal colombiano, que cuando se cruzaba con grupos guerrilleros ponía a los habitantes en medio del fuego cruzado, al vaivén del impostor que se aprovechara de su indefensión.

Filomena recuerda que eran los tiempos macabros de la zozobra, el temor y el reclutamiento forzado de menores, donde casi toda familia campesina o indígena se veía obligada a perder uno o varios  de sus hijos que eran llevados por las guerrillas o el ejército como tributo a una guerra ajena al territorio y a la idiosincrasia étnica campesina, y que sin corresponder a estas comunidades las ponía en la lupa de uno u otro bando en disputa, que asumían el rol de ‘juez’ para señalar y enjuiciar, temerariamente, al ‘infractor’. Eran, tiempos de la temible justicia justiciera en que los actores armados sancionaban, mataban o desparecían personas sin mediar razón o reclamación alguna, fuera valida o no.

Y en este punto del relato Filomena recuerda y enuncia diversos casos de asesinatos llevados a cabo por los actores violentos con sevicia y métodos barbaros de tortura: castrando a los hombres, violando a las niñas, realizando linchamientos públicos individuales o en masa, ahorcamientos, tiros de gracia, como le ocurrió a su esposo ultimado de tres disparos en la frente, además del desplazamiento y otras violaciones sistemáticas como desapariciones forzadas y reclutamiento de menores que ocurrían a diario en sus comunidades, siendo Filomena y sus hermanas salvadas “de puro milagro” ser reclutadas por la entonces guerrilla FARC -EP, pues cuando los guerrilleros las tenían rodeadas para llevárselas, apareció e intervino su padre con una autoridad indígena del resguardo, quienes lograron rescatarlas.

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No obstante, la ruptura del diálogo entre la Administración Distrital de Bogotá y el proceso Autoridades Indígenas en Bakatá la Minga Permanente continua firme, sus promotores han seguido fortaleciendo su proceso autónomo y construyendo propuestas que el Distrito no ha aceptado, y que hoy le agregan otros puntos como: a) garantizar la vida y pervivencia cultural de los pueblos indígenas; b) rectificación y retractación por parte de la Administración Distrital respecto de las declaraciones, señalamientos y estigmatizaciones hechas por el funcionario Camacho: y c) establecer medidas y rutas de protección para autoridades y líderes promotores de la reivindicación de los derechos: “no más interpretaciones subjetivas ni temerarias que estén salidas de contexto y verdades a medias”, señalan.

En este mismo sentido la Defensoría del Pueblo, el pasado 23 de noviembre, emitió un comunicado llamándole la atención a la Administración Distrital: “la confianza y la posibilidad de una concertación se han visto afectadas por opiniones desafortunadas. Por lo tanto, reitero mi llamado a las autoridades distritales y a la sociedad en general a no estigmatizar a quienes desarrollan manifestaciones públicas y pacíficas”, palabras del Defensor Carlos Camargo. Además, exigió a la alcaldesa de Bogotá Claudia Nayibe López, no proceder mediante la fuerza el desalojo de las comunidades asentadas en el Parque Nacional y reanudar el diálogo para lograr rápidamente consensos y un acuerdo que garantice los derechos individuales y colectivos de la población indígena en condición de vulnerabilidad en la ciudad.

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En el marco de la Minga Permanente los pueblos indígenas buscan romper el silencio forzoso en que los ha mantenido el Estado y la sociedad colombiana, y  una reivindicación histórica de sus derechos vulnerados y una reparación integral a las víctimas, que como en el caso de la mayora Filomena del pueblo Yanacona, desplazada por la violencia hace, ya, quince años, y hasta el sol de hoy no ha sido reparada por los daños ocasionados y la vulneración de sus derechos, o el caso de la autoridad Betty López, vicegobernadora del pueblo Cubeo en Bogotá, quien después de dieciséis años con su núcleo familiar no ha sido reparada en su condición de víctima del conflicto armado.

Cabe precisar que si bien se mencionan algunos casos, son muchísimas más las familias indígenas que hoy esperan una reparación integral por parte del gobierno colombiano, entre ellos muchos de los 1450 indígenas en Minga Permanente en el Parque Nacional de Bogotá y quienes además, según sus autoridades y líderes, han sido revictimizados por las diferentes razones expuestas en este reportaje, u otras como el hecho de que se le niegue un traductor, por parte de la Alcaldía de Bogotá, a quiénes no hablan el idioma español. Tal es el caso de unos de los núcleos familiares Katío del pueblo embera cuyos mayores, un padre y una madre de familia, de aproximadamente unos cincuenta años de edad cada uno, pidieron tener en cuenta su testimonio para este reportaje.

Sin garantías para el diálogo

Difícilmente hablan español, y esa es una de sus riquezas culturales: hablar su lengua, pero según los líderes y autoridades de la Minga Permanente en Bakatá, la institucionalidad distrital no garantiza la traducción lingüística, vulnerando también este derecho fundamental de los pueblos a expresarse y comunicarse en su lengua materna. No obstante, quieren contar su historia de padecimientos en su travesía de desplazados cuando, hace cuatro años, el conflicto arreció indiscriminadamente en su territorio de origen: Conondo, comunidad del resguardo Alto Andágueda, Bagadó Chocó.

A esta familia la violencia la desplazó, por enésima vez, lo que muestra un cúmulo de agresiones y vulneraciones a los derechos de estas comunidades en cuyo territorio confluye una serie de dinámicas económicas, legales e ilegales, como explotación forestal y minera, el narcotráfico y otras expresiones geopolíticas del desarrollo como las hidroeléctricas que se han llevado por delante la vida humana, natural y la paz de los territorios, como ocurrió a las comunidades embera de Tierra Alta, departamento de Córdoba con la construcción de la mega represa Urra, siendo desplazados de sus territorios, asesinados varias de sus autoridades y líderes carismáticos como Kimi Pernía Domicó; y después de una larga década muchas de estas comunidades no han sido reubicadas ni reparados integralmente.

El capítulo dramático de los emberá en Bogotá y en Colombia no concluye, más bien parece indefinible e irresoluto; el olvido, la desatención y la indolencia son salidas institucionales del Estado colombiano para condenar a un pueblo a la miseria y a la extinción cultural, cuando al albor de la supuesta armonía y reconciliación nacional y la modernidad la humanidad ha llegado al punto culmen de su desarrollo, pero también al punto culmen de su crueldad y su indiferencia social y gubernamental. No sólo en el Parque Nacional, sino en cualquier parte de Bogotá, se encuentran mujeres emberá desplazadas con dos o tres hijos atuchados a su espalada esperando la solidaridad de la gente.

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El último sábado de fin de semana de noviembre ha sido más prodigo y calmado para todas las familias congregadas en la Minga Permanente del Parque Nacional, incluso el clima ha sido benevolente: ha calentado el sol y ventea; dentro y alrededor de los cambuches no hay humedad. Por grupos se han organizado para lavar y secar ropa, para cargar agua y traer la leña con que se cocina de manera colectiva, los Cubeo, por ejemplo, en su nueva maloka (cambuche amplio) Bakatá preparan el alimento para unas setenta personas (otros agrupados por comunidades hacen lo mismo): sudado de yuca y plátano con pescado, ensalada de guacamole, y de bebida el tradicional mingao.

María Violet después de pasar una semana de tensión y de sufrimiento por la ausencia de su hijo, luce más relajada, tiene un semblante de menos angustia que una semana antes cuando tuvo que sacar de la ciudad a su hijo de dos años por amenazas en su contra, pero las autoridades y líderes siguen tan activos como cuando empezaron a promover la manifestación pacífica, hace dos meses. María no para de organizar cosas ni de gestionar alimento para la gente, casi todo mundo le saluda, la quieren, le llevan cosas para ella y para las comunidades.

El sustento básico para mantener la Minga se ha logrado gracias al compartir de las comunidades, al apoyo de empresarios de artistas y del pueblo solidario con la causa de las víctimas indígenas y otras comunidades movilizadas por la garantía de sus derechos.

Según Violet y los líderes de la movilización mantener el proceso de Minga Permanente de Resistencia ante una institucionalidad hostil, en unas condiciones climáticas desfavorables por el invierno y el frío excesivo ha sido un proceso persistente de aprendizaje, liderazgo y gestión en cabeza de más de una docena de autoridades, líderes y lideresas indígenas, quienes velan por la salud y el bienestar de cada integrante, animándoles que su esfuerzo y sacrificio de permanecer allí sea compensado al lograr que el clamor de los necesitados y víctimas sea escuchado por los gobiernos distritales y nacionales, que no sean más revictimizados ni violados sus derechos fundamentales y colectivos para vivir una vida digna como cualquier ciudadano sin ser discriminados por su condición étnica.

Al cierre de edición de este reportaje, y pese a la reciente y lamentable muerte de un niño indígena de dos años por problemas crónicos de salud, el pasado 28 de noviembre (ver anexo, abajo, comunicado de denuncia) el diálogo entre las partes permanece roto. No se han vuelto a convocar desde el pasado 18 de noviembre a raíz de las declaraciones del funcionario Daniel Camacho a la prensa colombiana, y a raíz de una eventual orden de desalojo prevista para el pasado 22 de noviembre (no efectuada), como lo pudieron establecer las Autoridades Indígenas en Bakatá, mediante un oficio que llegó a sus manos (no oficialmente) en el que el inspector de policía: Javier Alfonso Orozco pedía suspender dicha orden hasta el 24 de noviembre (fecha en que tampoco se llevó a cabo el desalojo), y le pedía a la Alcaldesa Distrital y a su Secretario de Gobierno: “agotar los mecanismos de diálogo y concertación que permitan materializar el respeto de los derechos fundamentales de la población indígena víctima del conflicto armado”, antes que emplear la fuerza.

Investigación periodística: Ismael Paredes -Paredes, campesino comunicador social periodista

Con el apoyo editorial de Mabel Adriana Lara Valdés y María Isabel Hurtado

Anexo. Comunicado fallecimiento menor indígena por desatención en salud

[1] Bakatá es el topónimo con que se designa al territorio ancestral Muisca del altiplano cundiboyacense, en el cual se asienta Bogotá.

[2] Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional.

[3] Nombre cambiado por seguridad de la persona que contó a Z-Dok su testimonio, que hilan esta hebra del relato.

[4] Acuerdo No. 761 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020- 2024: “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

[5] La entonces guerrilla: Fuerza Revolucionaria de Colombia -Ejército del Pueblo, FARC – EP, hoy es desmovilizada a raíz del Acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016. Mientras que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, continúa operando, irregularmente.