La minga Bakatá y la encrucijada de dos mil desplazados

El asentamiento

La historia de la gente común, hombres, mujeres, niños (…) escapados de los campos de muerte o arrojados de sus pueblos (…) nos ayuda a comprender sus necesidades, sus tristezas y sus formas de aprehender del presente…: (Kenizé Mourad, El perfume de nuestra tierra).

La primera noche durmieron tirados en el suelo húmedo, entumecidos por la helada, pero les fue soportable gracias al fuego de la tulpa y la cercanía humana de unas seiscientas personas que, en comienzo, ocuparon el lugar; mayoría eran mujeres -algunas embarazadas-, niños y enfermos, pero eso no les eximió de un brutal ataque por parte de la Policía: ráfagas de bombas aturdidoras y ramalazos de gases lacrimógenos llovieron contra su humanidad. La arremetida pasó luego y los desplazados resistieron. Al día siguiente escogieron un terreno de dos hectáreas aproximadas en la esquina sur del Parque Nacional Olaya Herrera de Bogotá para montar sus campamentos; del bosque cercano situado en los cerros orientales del Distrito cortaron y trajeron la madera para levantar sus cambuches e hicieron colectas para comprar plástico, puntillas y amarres de refuerzo.

Al mediodía, aquel 29 de septiembre de 2021, se anunció por la prensa y redes sociales que con esa ocupación del espacio comenzaba un ejercicio de movilización y de reivindicación conocido como la Minga Permanente Bakatá, promovida por líderes y autoridades de quince comunidades indígenas asentadas en Bogotá D. C. (capital colombiana) congregadas al proceso de Autoridades Indígenas en Bakatá[1]. Y si bien, entonces, los mingueros no dimensionaban ni ‘la incomodidad’ que causarían a las instituciones distritales ni el impacto que tendría la minga como un ejercicio cultural y político en la metrópoli de más de ocho millones de habitantes, pero sí tenían claro que no se retirarían de allí hasta que sus derechos violados les fueran reparados.

La Minga ha estado conformada por unas dos mil personas[2], mayoría víctimas en condición de desplazamiento, consecuencia del conflicto armado librado en diferentes regiones colombianas, durante más de medio siglo. En su asentamiento ‘al Parque’ las víctimas ejercieron su derecho a la protesta pacífica como mecanismo para la reivindicación, reparación y garantía de sus derechos no reconocidos y/o vulnerados históricamente. Pero el gobierno Distrital fue reacio, desconoció la reclamación de la Minga e intentó desalojar de allí a los desplazados por la fuerza policiva.

¿Cómo se tejió la Minga?

La noche del veintiséis de septiembre de 2021 fue implacable para Julio Mecheche Manyuma, líder embera Dobida, pero no menos angustiosa para unas trescientas cincuenta familias embera Chamí y Katío en Bogotá, que desde comienzo de la pandemia Covid-19 (marzo -2020) quedaron sin techo y en condiciones precarias de sobrevivencia. El miedo y la incertidumbre lo vencían, pero él trataba de sosegarse, esquivando ráfagas de recuerdos trágicos y preocupaciones que le envolvían y torturaban. Y aunque no era la primera vez que los embera u otros pueblos indígenas en contexto urbano atravesaban una circunstancia tan dramática -pues desde que ha habido guerra en Colombia la población indígena ha sido de las más desplazada de sus territorios y la que más ha padecido necesidades-, pero si era la vez que más a él y a sus hermanos embera les abrumaba la desesperanza, la impotencia y la intranquilidad en la indiferente y fría ciudad bogotana.

Al día siguiente, 27 de septiembre, Mecheche se reunió, nuevamente, con gobernadores y líderes Chamí y Katío y de los quince pueblos agrupados en Autoridades Indígenas Bakatá para buscar acercamiento con la Administración Distrital, pero esta se negó, rotundamente, a dialogar con las víctimas. Entonces las comunidades en asamblea acordaron que al día siguiente: 28 de septiembre se movilizarían. En la tarde Julio regresó a su hogar, al sur de la ciudad, pero no descansó, pasó la noche recordando la injusticia y la violencia ocurridas en su tierra, antes de ser desplazado por amenazas del grupo paramilitar Clan del Golfo, que en su comunidad lo buscaron para asesinarlo, lo que, además de enfrentamiento del grupo ilegal con el ejército, lo llevaron a buscar protección de la guardia indígena y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, entidad que el 29 de marzo de 2019 acompañó la salida de su resguardo Jagual del río Chintadó: municipio de Riosucio y luego a Quibdó (capital chocoana).

Después el mayor Julio y su familia padecerían un largo y agónico itinerario de experiencias muy sentidas como el que han atravesado mayoría de las familias víctimas asentadas durante más de siete meses en el Parque nacional: incertidumbres, rechazos, indiferencia, apoyos negados, más huidas, revictimización y dispendiosos trámites y declaraciones ante las instituciones del Estado, sin que su reparación integral, como lo establece la Ley colombiana[3], se haya hecho realidad, y por el contrario, las víctimas y desplazados como sus necesidades aumentan cada día. El conflicto armado ha dejado 9.134.347 de víctimas, 89% aproximado por desplazamiento forzado, según la Unidad para la atención y reparación integral a víctimas (Registro Único, a corte 2021). Para el caso del Distrito como lo indica la Consejería de Paz, Víctimas y Reparación de Bogotá (en su Plan de acción Distrital 2022), 378. 915 víctimas residen en la ciudad, 19.265 de ellas indígenas.

Esas situaciones indignaban más al líder embera Dobida, a quien las injusticias contra su pueblo que, se hallaba en condiciones de miseria como consecuencia de la guerra librada en su territorio, lo llevó a actuar con contundencia aquel amanecer del martes 28 de septiembre. Al clarear el día se levantó y se alistó en seguida a pesar del hambre, pues únicamente los niños pequeños habían raspado la olla de arroz y habían tomado aguade panela desabrida con una galleta la tarde antes: ni él ni los adultos de su familia habían comido y no tenían nada para el desayuno de ese día.

Minutos después salió de su casa, pensando en la cruel travesía de sus hermanos embera, quienes tras años desplazados en plena Pandemia fueron sacados del Parque Tercer Milenio por la Policía que los desalojó del lugar a garrote, sin que el Distrito ni el gobierno nacional solucionaran su   tragedia o les repararan; después vivirían en alquiler, paga diario, de San Bernardo y La Favorita -localidad Mártires- barrios de extrema pobreza y fragilidad social: inseguridad, situaciones de prostitución, expendio y consumo de drogas y el hampa alrededor del micro tráfico. Pero con las cuarentenas a raíz del coronavirus se cayeron las ventas de artesanía y limosnas recolectadas para la manutención de estas familias y, sin poder pagar arriendo, tendrían que dormir a la intemperie, aguantar hambre, frío y abandono social e institucional en las calles de Bogotá.

A las nueve de la mañana el mayor Dobida con su familia, conformada por doce personas, llegó al lugar acordado en la Av. Ciudad de Cali con calle 26 u avenida El Dorado donde iniciaría la manifestación pacífica para plantear al gobierno Distrital sus reclamaciones. Con el día soleado, la movilización se llevó a cabo sin más alteración que unos trancones más de lo usual. Siguiendo la calle 26 hasta el centro en horas de la tarde las comunidades arribaban al Planetario Distrital, donde danzaron con sus ritmos, vestuarios e instrumentos artísticos autóctonos. Casi al anochecer tomaron la intersección sur -norte de la carrera séptima para continuar al Parque Los Hippies en Chapinero, al nororiente de la capital, pero al llegar al Parque Olaya Herrera (séptima con calle 35) decidieron quedarse allí, esa noche. Avanzada la hora, cuando el fuego de la tulpa crepitaba vino el primer ataque que sufriría la Minga por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD); dispersándose y protegiéndose detrás de los árboles del lugar, como pudieron los mingueros resistieron y allí se quedaron hasta el siete (7) de mayo de 2022.

Durante su estadía allí, en vez de recibir asistencia o atención humanitaria los desplazados fueron revictimizados; carecieron de bienes materiales y comodidades, pues se les negó por parte de la Administración Distrital la garantía de derechos fundamentales a la alimentación, a la educación de sus niños y a la salud como población víctima: padecieron enfermedades y virosis propias de un hacinamiento en un diámetro reducido de escasos metros cuadrados.

Arrecian oleadas de racismo

…Y nada sabrán si no escuchan el silencio de nuestros muertos/ en cada sonido de nuestras vidas… /y reciban, de nuestro temblor, el asombro de la madrugada… (Vito Apüshana: Miedo Alijuna) 

Los meses de octubre y noviembre de 2021, aunque habían pasado las ventiscas de agosto, duros vientos comenzaron a soplar a favor o en contra de la Minga Permanente de Bakatá; durísimo alcanzaron, a las víctimas, ventarrones de clasismo, racismo e indiferencia de parte de la sociedad citadina y sobre todo de la institucionalidad Distrital.

Según los promotores de la Minga, la máxima expresión de racismo ocurriría el 18 de noviembre por parte del entonces subsecretario de Gobierno (de la Secretaría de Gobierno Distrital): Daniel Camacho, quien ‘denunció’, de forma supuesta, para revictimizar y discriminar las comunidades, un cartel de contratación al interior del Parque, liderado por las autoridades indígenas. Según los voceros de la Minga con esta acción Camacho los ponía entre la espada y la pared acusándoles de valerse de la necesidad de los niños para su beneficio: señalaba con nombres propios a algunos líderes como María Violet Medina Quiscue (pueblo Nasa del Cauca) y Luis Cuaspud del pueblo Cumbaltar Pasto, tildándoles de oportunismo y de corrupción, afectado su integridad, generando una ola de amenazas y racismo en su contra, poniendo en riesgo sus vidas, y rompiendo el diálogo y la concertación, que ya iban por buen camino, tras seis reuniones entre las partes.

Por su parte los acusados se defendieron, probando que el funcionario había usado para culparlos una propuesta de concertación realizada por la Minga en la cual se contemplaban recursos para unas ollas comunitarias y un honorario a cinco técnicos indígenas para realizar la caracterización de las víctimas dentro del Parque y facilitar, así, la concertación. Otras manifestaciones racistas se evidenciaban en el lenguaje mediático que señalaba a líderes indígenas de oportunistas y chantajistas, que usaban a las víctimas y niños para presionar al gobierno y sacar réditos políticos económicos personales.

Ante el vendaval discriminatorio y de estigmatizaciones, un rifirrafe de suspenso, contra la Minga diversas oenegés, organizaciones defensoras de derechos humanos, artistas, concejalas de Bogotá como Ati Quigua y Susana Muhammad y entidades como la Defensoría del Pueblo intervinieran para mediar ante el racismo exacerbado por parte de la sociedad e institucionalidad bogotana y de la ‘gran prensa’ contra los pueblos indígenas, y que si no se detenía conllevaría a una tragedia mayor o a justificar un desalojo por la fuerza en el que, sin duda, se vulnerarían los derechos de las víctimas. Las dos concejalas como el Defensor del Pueblo Carlos Camargo, pedían al Distrito evitar discursos y comportamientos racistas y exigían a la alcaldesa de Bogotá Claudia Nayibe López no proceder mediante la fuerza el desalojo de las comunidades, sino reanudar el diálogo para lograr consensos y un acuerdo que garantizara los derechos de esta población indígena en condición de vulnerabilidad.

A favor de la Minga también estuvo un fallo de Tutela emitido el 17 de diciembre de 2021 por la Juez Tercera de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, tras una acción de tutela interpuesta por el Personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón. El Falló ordenaba medidas cautelares para proteger los derechos de las comunidades asentadas en el Parque y que la Administración distrital les garantizará atención en salud, alimentación, condiciones sanitarias de habitabilidad y, entre otras, agua potable, mientras el gobierno resolvía el retorno o la reubicación de las víctimas.

La Tulpa protectora

Así como los embera, muchas otras familias de los quince pueblos en minga también han atravesado situaciones dramáticas a raíz del conflicto armado cuyas causas, según amplia jurisprudencia respecto a la reparación y los derechos de las víctimas como el Auto 004/2009 (Corte Constitucional), están asociadas al desarrollo económico del país, siendo las hidroeléctricas, la explotación minero energética y, entre otras, la agroindustria las actividades que más contribuyen a la vulneración de los derechos humanos y ambientales, así como otras actividades ilegales del narcotráfico.

Unas doscientas de estas familias: yanakuna y nasa, provenientes del Cauca, fueron guardianes de la Tulpa: fogón triangular que mantuvo el fuego encendido de la Minga durante su permanencia en el Parque. La Tulpa, según el poeta yanakuna Fredy Chicangana, representa la tríada familiar: padre, madre e hijos, y los tres niveles del territorio: lo que está debajo, sobre y encima de la tierra habitada por los indígenas, y cuyo fuego no sólo calienta el espacio, sino también la vida misma y la palabra.

La Tulpa y otros espacios colectivos o fuegos como la maloka amazónica kubea o la casa muisca: Güe Gata Thizhinzuqa, serían bastión de las artes y la memoria de los quince pueblos indígenas asentados dentro del Parque en condiciones infrahumanas, conectarían a los desterrados con su territorio a través del murmullo natural y el ondear esperanzador del viento con el trinar de las aves, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos o el fondeo al espacio de ardillas y roedores; los desplazados recrearían sus artes: ritmos andinos (pastos, nasas y yanakunas), el Padachuma embera, las caracolas muiscas o bailes y cantos tradicionales de selva con sus cascabeles, carrizos y flautas de Yapurutú, entre otros.

¿Hundimiento del barco?

Concluía 2021 para la Minga y pasaría casi tres meses de 2022 sin mayores contratiempos. Pero a mediados de abril las comunidades atravesaban una crisis que parecía inmanejable, no había que comer y tampoco muchas fuerzas humanas, aunque autoridades, líderes y lideresas indígenas no cesaban de gestionar la manutención de la Minga y de velar por la salud y por el bienestar de sus comunidades. Cada vez más exigían al Distrito la garantía de sus derechos, pero hasta ahora se habían truncado unos diez intentos de negociación, y la Minga había sobrevivido a un segundo intento de desalojo, el 07 de abril, por parte del ESMAD que justificó su embestida para repeler una actividad artística cultural indígena al parque. El ataque policial, según los líderes de la Minga, produjo graves afectaciones, dejó unos cincuenta heridos y mingueros lesionados.

La Minga contabilizaba un medio centenar de hospitalizados por virosis o enfermedades cardio respiratorias y diez muertes por problemas de salud relacionados a la humedad y el hacinamiento, entre ellas dos niños nacidos dentro del Parque: uno murió en noviembre como consecuencias crónicas de salud, y el segundo, de tres meses de edad el 01 de marzo, caso que activó las alarmas por el procedimiento hospitalario Distrital que no consultó ni avisó a los padres del menor ni a la Minga las causas del deceso ni emitió el acta de muerte: hecho que para las autoridades indígenas es una infracción a su cosmogonía y a su gobierno propio.

Pero pese a ello, el gobierno Distrital no actuaba para resolver el problema, como denunciaba la entonces concejala Susana Muhammad (en sesión del Concejo de Bogotá, 24 de abril): “en plena ola invernal y con el Parque inundado las comunidades soportan enfermedades respiratorias y dermatológicas, diez personas han fallecido por la situación sanitaria del lugar… y a pesar de que una tutela obliga a la Administración Distrital a proveer servicios básicos y seguridad alimentaria a estas comunidades, nada se ha cumplido: una indolencia increíble del gobierno Distrital”.

Baja marea: ¿a puerto?

A finales de abril, gracias -entre muchas otras acciones solidarias- a la investigación periodística e incidencia política internacional del Centro de Documentación Z-Dok (por intermediación del CETIM: Centro Europa -Tercer Mundo) la gravísima crisis humanitaria que atravesaban los desplazados en el Parque nacional de Bogotá, a través de una delegada de la Minga, llegó también a espacios y mecanismos internacionales como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y a la Misión de Apoyo del Proceso de Paz de la OEA en Colombia, MAPP-OEA que además de conocer la situación y ser garantes de acuerdos establecieron alianzas con las comunidades. La MAPP- OEA, por ejemplo, coadyuvara a escalar medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que amparen a las víctimas ante el Estado colombiano, pues algunos líderes y autoridades de la Minga, por su liderazgo, fueron o son objeto de denuncias penales, amenazas y persecuciones en su contra por parte de la institucionalidad.

Con lo anterior se destrabó la negociación y la primera semana de mayo se pactaron los acuerdos que de parte de los indígenas desplazados consistía en desocupar el parque, mientras al gobierno -distrital y nacional, según sus roles institucionales- debía: 1) garantizar el retorno voluntario a sus territorios a la población desplazada en condiciones de seguridad y dignidad, 2) reubicación voluntaria, y lugar consensuado, a la población víctima, 3) implementar cinco emprendimientos productivos para indígenas asentados en Bogotá, 4) consentir reconocimiento político al proceso Autoridades Indígenas en Bakatá que tendrá participación en la construcción e implementación de políticas públicas; 5) cumplir las 62 acciones afirmativas del actual Plan de Desarrollo Distrital (Art. 66)[4], concertadas con los pueblos indígenas, aplicando el enfoque diferencial; y entre otras medidas, desarrollar la jurisprudencia a favor del pueblo Emberá y los desplazados establecida en la Sentencia T-025/2004 y el Auto 004/2009 (Corte Constitucional) para prevenir la extinción física y cultural de los pueblos indígenas por causa del conflicto armado o la discriminación racial por su condición étnica; por su parte la Personería de Bogotá, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, y la Comisión de la Verdad, serán garantes del cumplimiento de los acuerdos.

Con la Minga Permanente Bakatá y las comunidades indígenas la ciudad aprendió de sus saberes, de sus artes tradicionales como de sus formas de forjar convivencia e identidad mediante un ejercicio de diálogo y un lenguaje de mutuo respeto, tolerancia y solidaridad comunitaria, así lo señala el líder wayuu Jairo Montañez, quien asumió la coordinación de la Minga con el propósito de lograr la garantía y reivindicación de derechos colectivos de la población indígena víctima en condición de desplazamiento, en este caso. Así mismo la Minga planteó una nueva concepción territorial respecto a la ocupación de un espacio para uso cultural, resignificar la historia mal contada sobre estos pueblos y recuperar la memoria de los pobladores ancestrales del territorio Bakatá.

“Un saludo a la bandera”

Al cierre de esta crónica, la primera semana de agosto de 2022, casi tres meses después de darse los acuerdos y las comunidades en Minga entregaran el Parque a la Administración Distrital, lastimosamente no se hilan buenas noticias (como nos hubiera gustado desde Z-Dok) respecto a la situación de las víctimas. Autoridades y líderes de la Minga como Jairo Montañez, entre otros, denuncian casi un total incumplimiento de acuerdos por parte de la Admiración Distrital y del gobierno colombiano, saliente. No ha habido ni un caso de reubicación de familias indígenas en la ciudad u otros sitios, ni siquiera el gobierno distrital se ha sentado con la Minga a planear esta posibilidad. Hoy por hoy, por falta de voluntad política del Distrito para la reubicación, unas 800 personas todavía continúan hacinadas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja.

Este albergue es un caserón antiguo, en detrimento, del centro de Bogotá perteneciente al Distrito, cuyo nombre U… de Protección integral parece un titular de noticia rebuscado en vez del rotulo de un descomunal edificio ubicado en zona deprimente de la avenida Caracas con calle cuarta, donde permea la inseguridad, la miseria y mendicidad citadina. Los viejos y húmedos cuartuchos y los enormes, fríos y deteriorados salones que conforman aquel centro conocido como IDIPRON albergan a estas comunidades, cuyo drama sigue siendo tan o más lamentable que el vivido en el Parque nacional, un laberinto macabro: el agua no alcanza a abastecer las necesidades de los casi mil desplazados, el ambiente sanitario es sombrío y contagioso, problemas de electricidad dejan sin energía a las comunidades casi todo el tiempo, la alimentación que provee el gobierno distrital es escasa y no responde al enfoque diferencial para la atención a población indígena, lo que hace que las mujeres y niños salgan a mendigar o a recoger desperdicios de los basureros tratando de calmar el hambre, pero aumentando los problemas de salud y contagio, de por sí ya muy evidentes y en aumento. Autoridades y voceros de la Minga reportan unos 150 casos de hospitalizaciones por desnutrición o casos cardio respiratorios o respiratorios; aunque reconocen que esta situación se produce, además como sumatoria de desatención durante tres o más años que algunas de estas familias han atravesado una dramática y grave situación humanitaria como desplazados.

Sin embargo, otras familias que salieron del Parque a otros 10 albergues pequeños en diferentes localidades de la ciudad, en núcleos familiares de doce hasta cuarenta personas, no han contado siquiera con la garantía de alimentación o arriendo por parte del gobierno Distrital. Tampoco ha habido ningún avance respecto a los cinco emprendimientos productivos que desde el gobierno distrital y nacional se comprometieron con las comunidades.

El hacinamiento y la escasísima o mala calidad alimenticia ha producido un deterioro en la salud de las comunidades y la salubridad ambiental lo que, a su vez, redunda, en aumento de morbilidad por contagios y enfermedades de salud como virosis, desnutrición y tuberculosis: de esta última epidemia se han reportado, por parte de la Minga, 150 casos graves de hospitalización, de ellos 40 niños afectados: apenas de los casos conocidos.

En el caso del retorno, hasta ahora, se logró un primer caso el pasado 28 de julio que 404 personas, unas 139 familias (53 de la UPI La Florida,169 personas, y 86 núcleos familiares, 235 personas, de La Rioja) retornaran a su territorio: Santa Cecilia (Risaralda) lo que según el Distrito a través de la Alta Consejería de Paz víctimas y reconciliación costo 113 millones de pesos y movilizó una logística de cinco camiones con 45 toneladas de enseres; sin embargo la coordinación de la Minga desde Autoridades Indígenas en Bakatá precisó para Z- Dok que este retorno se hizo sin ninguna garantía de seguridad ni de los medios y recursos económicos establecidos en la Ley.

Tan lamentable situación conlleva a pensar en consecuencias humanitarias mayores, aunque para los líderes y autoridades indígenas de la Minga es la evidencia de una administración distrital y un gobierno nacional saliente incapaces de garantizar los derechos fundamentales de su población ni de reparar a sus víctimas. Aunque guardan la esperanza en el nuevo gobierno nacional entrante, y que en el caso de la entidad encargada de la reparación: Unidad de Víctimas, estará a cargo de una destacada líder indígena: Patricia Tobón Yagarí, quien al momento de los acuerdos en mayo pasado fungía como Comisionada de la Comisión de la Verdad, y en su momento fue garante del proceso de negociación entre las partes. La Minga a través del proceso Autoridades Indígenas en Bakatá, piden reunirse urgente con ella para tratar la dramática situación de sus comunidades.

[1] Conformado por pueblos: embera (Katío, Chamí y Dobida) Muisca Güe Gata Thizhinzuqa, Tulpa Yanacona, Monifue + Kokonuko, Nasa Bogotate, Cumbaltar Pasto, Kubeo, Koreguaje, Wayuu Bakatá, Zenú, Pijao Mohán y Eperara Siapidara.

[2] Según la caracterización realizada por el Distrito, el 24 de marzo de 2022, en el Parque se encontraban 1919 personas.

[3] La Ley de Víctimas 1448 y el Decreto Ley 4633 de 2011 establecen la restitución integral de sus derechos a la población indígena víctima, con enfoque diferencial, y medidas para suprimir discriminaciones preexistentes y exacerbadas.

[4] Concejo de Bogotá D. C. Acuerdo 761/2020 -Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024.